El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un proyecto por US$80 millones para mejorar la infraestructura y la calidad de servicios en salud, educación, y agua y saneamiento en los 12 territorios indígenas de Panamá, con base en las prioridades establecidas por sus propias comunidades y autoridades tradicionales.
De acuerdo con un comunicado de la entidad financiera, el préstamo apoyará la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas de Panamá por medio del fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y coordinación entre el gobierno panameño y las autoridades indígenas para fomentar y mejorar la calidad, pertinencia cultural, y sostenibilidad de la inversión en estos territorios.
“Es importante este apoyo en el Plan de Desarrollo, ya que los pueblos indígenas han planteado a los gobiernos nacionales su visión de desarrollo. Son pueblos aislados que necesitan accesos a carreteras, escuelas, centros de salud, agua, mantener su cultura e identidad, defender sus territorios y mantener los recursos naturales, que son la vida de los pueblos originarios y en general del país”, dijo el cacique Maximiliano Igwayoikiler, del pueblo indígena Guna Yala.
Si bien Panamá es una de las economías más pujantes de América Latina y el Caribe, aún subsiste una situación de desigualdad que afecta sobre todo a la población indígena, que en su mayoría vive en la pobreza. A este reto se suma que el país está expuesto a desastres naturales y a los efectos del cambio climático, lo que afecta en particular a comunidades indígenas cuya alimentación depende de su entorno natural.
“Este proyecto supone un paso importante para contribuir a mejorar la movilidad social de los pueblos indígenas, a la vez que refleja el compromiso del Banco Mundial de apoyar a las poblaciones más vulnerables”, señaló Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica.
En el corto plazo, el proyecto busca responder a las necesidades urgentes de infraestructura y equipamiento que fueron priorizadas por las comunidades indígenas y sus autoridades en salud, educación y agua y saneamiento. En el mediano plazo el proyecto apoyará el diseño e implementación de programas para mejorar la calidad y pertinencia cultural de estos servicios. A largo plazo el proyecto busca transformar la capacidad del gobierno y de las autoridades indígenas para planear e invertir en sus territorios de acuerdo a la visión y prioridades establecidos por sus propias comunidades.
El proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 200,000 personas el toda la población indígena del país, está estimada en 418,000 personas.
El monto total del proyecto es de US$85 millones, de los cuales 80 millones serán financiados con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a un plazo de 25 años y 5.5 años de gracia.
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