Redacción
El Consejo de Gabinete autorizó este jueves al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para proponer ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 14-23, que aprueba el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024 por US$32.754 millones.
De acuerdo con la nota que Carlos González, director de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), señaló que el proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 se enmarca en la política de reasumir la senda de la consolidación fiscal, cuya finalidad es mejorar el perfil de sostenibilidad de la deuda, pasando de 64.7% en el 2020 al 53.4% del PIB en el 2024.
“Esta política busca aumentar la confianza de los mercados y los inversionistas locales e internacionales en el futuro de Panamá”, dijo González.
Durante la presentación del Presupuesto, González destacó que, al igual que en el 2023, «se fortalece» al Sector Justicia, columna vertebral de la democracia, asignándole el 100% del monto solicitado, de US$700.0 millones para garantizar la efectividad de sus programas y actividades.
«Adicionalmente, se apoyan los programas de los entes supervisores y de control relacionados con los delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, tráfico de armas y estupefacientes”, sostuvo
El presupuesto 2024 para el sector educación en cumplimento de la Ley
362 del 2 de febrero de 2023, que establece asignarle el 7% del PIB, lo que equivale a un monto de US$5.735 millones. “Esto representa el 78% de los ingresos tributarios del Gobierno Central, distribuidos de la siguiente manera: Meduca, US$3,539.0 millones (62%); universidades, US$829 millones (14%); Ifarhu, US$596.0 millones (10%); Pandeportes, US$210.0 millones (3.6%); MiCultura, US$100 (17%); Inadeh, US$90 millones (1.6%); ITSE, US$68 (1.2%); Senacyt, US$65 millones (1.1%); y otras entidades y programas, US$238 millones (4.2%)”. Este proyecto de presupuesto 2024 prioriza las obligaciones por pagar devengadas y de contratos y proyectos de continuidad, excluyendo las iniciativas de gastos sin financiamiento (art. 277 y 278 de la Constitución Política).
De los US$32,754 millones, US$14,421 millones (44%) estará dirigido al desarrollo de los servicios sociales y B/.5,846 millones (18%) para servicio de la deuda pública, en su gran mayoría que proviene de gobiernos anteriores.
