Redacción
El Proyecto Ley de la Infraestructura de la Calidad que prevé, entre otras acciones, mejorar la competitividad de los bienes y servicios nacionales, así como sentar las bases de una política que integre los componentes de normalización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología al Sistema de la Infraestructura Nacional de la Calidad, recibió aprobación del Consejo de Gabinete (CDG) este miércoles.
El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, durante la presentación de la iniciativa explicó que la infraestructura de la calidad permite una mayor sinergia entre las empresas, el perfeccionamiento de sus procesos administrativos y de producción, la implementación de más recursos tecnológicos y de investigación, además de brindar mayor confianza, tanto a los proveedores como a los consumidores, lo cual es prioritario para la recuperación y crecimiento de los sectores productivos.
“Panamá es uno de los pocos países que tiene las actividades requeridas en los sistemas de infraestructura de la calidad, disgregadas. Por ello, es indispensable el aporte de este proyecto de ley, que alineará los esfuerzos de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del MICI, el Consejo Nacional de Acreditación y el Centro Nacional de Metrología de Panamá”, manifestó Martinez.
Propuesta con múltiples beneficios
La iniciativa presentada por el MICI fomentará en los agentes económicos y las autoridades nacionales la cultura de calidad en los procesos de manufactura y prestación de servicios que se ofrecen en el mercado nacional e internacional.
Asimismo, permitirá alinear las acciones del Estado dirigidas a la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud animal y vegetal, la seguridad nacional, el medio ambiente, el comercio justo y la prevención de prácticas que puedan inducir a error, garantizando la seguridad y calidad de bienes y servicios.
Otro aspecto por destacar es que asegurará la participación de los componentes del Sistema de la Infraestructura Nacional de la Calidad de la República de Panamá en todas las actividades de los organismos, acuerdos y tratados regionales e internacionales vinculados con la normalización, la reglamentación técnica, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la metrología.
