OPINIÓN
Pedro Meilan
La libre competencia tiene un efecto beneficioso en la economía ya que incentiva a las empresas a ser más eficientes, innovar y mejorar constantemente la calidad de sus productos. Esto tiene como fin atraer la preferencia de los consumidores, quienes ahora, luego de la crisis económica generada por la pandemia, se han vuelto mucho más exigentes.
Sin este elemento fundamental en un mercado, usted consumidor seguramente no tendría acceso a beneficios o a costos más bajos cuando decida adquirir cualquier servicio o producto. Por ejemplo la compra de un celular que desde hace unos años atrás, para estas fiestas decembrinas, se convierte en uno de los regalos más frecuentes de la temporada.
Siguiendo el mismo orden de ideas, si analizamos un poco el sector de la telefonía móvil en Panamá, que desde hace más de 15 años se ha venido reestructurando, hasta estar compuesto en la actualidad por cuatro empresas operadoras que todos conocemos (Cable & Wireless, Tigo, Claro y Digicel). Desde ese entonces, gracias a la competencia existente, aspectos como la innovación, la mejora continua en el servicio y la infraestructura han sido introducidos en los esquemas de operación de estas empresas, lo que se ha traducido en una mayor accesibilidad para los usuarios con bajas tarifas, diversidad de planes y mejores promociones.
Con la recién anunciada concentración económica entre dos de los principales operadores que conforman el sector (Cable & Wireless y Claro Panamá), la realidad que hoy vivimos de mayor acceso a estos servicios y mayor competencia puede verse trastocada. El mercado de telefonía móvil se transformaría quedando con tres empresas operadoras, y de no tomar las autoridades competentes las mejores decisiones que beneficien a todas las partes, una de las empresas restantes quedará muy limitada por su bajo poder de mercado, a tal punto que se le imposibilitaría poder competir en el mercado con las otras y, por ende, podría desaparecer a corto o mediano plazo quedando únicamente dos empresas. De esa manera se afectaría la disponibilidad y acceso a bajos costos que hoy gozan los consumidores al tener menos competidores en el mercado, que no estarían incentivados para innovar, dar ofertas o competir, convirtiéndose esto en un desmejoramiento para las consumidores.
Es evidente que para que pueda existir la libre competencia en un determinado mercado se debe contar con un marco legal adecuado y transparente que permita que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás, y si las autoridades no se enfocan en este compromiso, con el tiempo regresaríamos a los años en que dos operadores eran los que controlaban el sector, imponiendo precios que eran totalmente inasequibles para la ciudadanía en donde los minutos costaban entre 65 y 75 centavos, no habían promociones de data ilimitada, paquetes de roaming o facilidades en la compra de celulares.
Si este panorama se concreta, sin duda estaríamos frente a un claro retroceso donde el principal perdedor es el consumidor porque quedaría limitado a sólo dos operadores y ante la falta de competencia no se verían las ofertas, descuentos y promociones que hoy vemos en el mercado.
La tarea está en manos de ACODECO, quien en conjunto con la Autoridad Nacional de los servicios Públicos (ASEP), deben garantizar las condiciones necesarias para que el sector de la telefonía móvil panameña no se vea afectado y la competencia entre las tres empresas no se reduzca y ponga en riesgo los beneficios y garantías que hoy tenemos todos los consumidores.
Recordemos que la libre competencia, además de no afectar a las empresas que operan en el sector, genera un círculo virtuoso de más y mejores productos, servicios, empresas y empleos bien remunerados, lo que asegura un desarrollo sostenible e inclusivo. Hacia allá debemos ir encaminados. Competencia sin beneficios para el consumidor, no es competencia.
El autor es Pedro Meilan, abogado experto en temas de libre competencia.
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