Constanza Rodríguez
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El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por US$250 millones para apoyar el programa del Gobierno de Panamá destinado a proteger y fomentar la acumulación de capital humano durante la crisis de la COVID-19, al tiempo que se fortalecen las instituciones para lograr una recuperación económica más inclusiva y sostenible, así lo informó el organismo internacional en un comunicado de prensa.
Indicaron que la operación es la segunda de una serie de dos préstamos programáticos de Financiamiento de Políticas de Desarrollo, con la primera operación aprobada por el Directorio en diciembre de 2020 por US$300 millones.
El préstamo de US$250 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) tiene un margen variable por 20 años, incluido un período de gracia de dos años.
Según la nota la serie se organiza en torno a tres pilares:
- El primer pilar se enfoca en proteger el capital humano durante la pandemia y en fortalecer a las instituciones durante la recuperación, ampliando la prestación de servicios de salud, educación y protección social. Mediante acciones de políticas, como la adición de servicios remotos de salud (telesalud), se mejorará el acceso, la continuidad y la calidad de la prestación de servicios de atención médica. También se fortalecerá la modernización del sistema educativo a través de la transformación digital; y se dará apoyo a hogares vulnerables aún afectados por la pandemia a través del Nuevo Plan Panamá Solidario. Las reformas, además, buscan reducir la huella de carbono de los sectores de la salud y la educación, a la vez que se mejora la resiliencia ante impactos como los eventos naturales y las pandemias.
- El segundo pilar se centra en el fortalecimiento de las instituciones para una recuperación económica más transparente y fiscalmente sostenible, incluida la lucha contra los flujos financieros ilícitos y la mejora de la contratación pública. Este pilar apoya acciones relacionadas con la transparencia y eficiencia de la movilización y uso de los recursos públicos, las cuales amplían la implementación de reformas clave, como el marco regulatorio para la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, y una nueva ley de adquisiciones.
- El tercer pilar se centra en el fortalecimiento de las instituciones para impulsar una recuperación económica más inclusiva y ambientalmente sostenible. La crisis de la COVID-19 amplió las brechas sociales preexistentes, con grupos vulnerables en áreas rurales y poblaciones indígenas rezagándose aún más. Estos desafíos se buscan abordar mediante reformas que, por ejemplo, permitan beneficiar a los agricultores familiares, especialmente a las mujeres a través del Fondo Nacional para la Agricultura Familiar; así como aumentando la agencia y la voz de los Pueblos Indígenas. Este pilar también apoya reformas sobre adaptación y mitigación al cambio climático.
