Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Luego de que Panamá quedase bajo observación ante los resultados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (subgrupo del GAFI) en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el país se comprometió a una serie de acciones que incluyen fortalecer el sistema, criminalizar los delitos de defraudación y fortalecer los mecanismos de control de las zonas francas como la Zona Libre de Colón.
Julio Aguirre, especialista y asesor en temas de prevención de blanqueo de capitales y de financiamiento al terrorismo, explicó a SNIP-Noticas que este es el plan de acción que quedó después de la plenaria que se realizó recientemente en Paris y que Panamá estaría obligada a cumplir porque podrían sufrir repercusiones como el ingreso a lista de países no cooperantes (listas grises y negras). Para Aguirre, el poder cumplir con estas acciones en un año como este, previo al inicio de escenario político, se complica un poco lograr acuerdos para estas modificaciones.
En la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá acordó un plan de acción que indica que las acciones prioritarias para que se fortalezca su sistema antiblanqueo (LD) y antifinanciamiento al terrorismo (FT) en las que se insta insta al país a criminalizar los delitos impositivos y establecerlos como delitos subyacentes el lavado de dinero. También queda señalado que se deben tomarse medidas para fortalecer el control de la operación del sector de servicios corporativos, especialmente con respecto a la precisión y actualización de la información sobre el beneficiario final y el monitoreo continuo de la actividad de las personas jurídicas.
Otro punto es que se deben desarrollar mecanismos para abordar de manera efectiva los riesgos de LA / FT de los acuerdos legales incorporados en Panamá y recibir fondos derivados de delitos fiscales del exterior. Para el GAFI “es fundamental prestar especial atención al sector de zonas francas para evitar medidas de facturación indebida de bienes u otras operaciones ilegales de comercio exterior, sin perjuicio del fortalecimiento de las aduanas según lo previsto en la Estrategia Nacional” describe el documento al que tuvo acceso SNIP-Noticias.
En el informe le indican a Panamá que se deben tomar medidas para controlar el uso de efectivo en zonas francas, bienes inmuebles y sectores de la construcción. El sistema financiero no quedó afuera de las “recomendaciones” ya que consideran que, aunque es menor el riesgo de FT que el de LD, se debe prestar mayor atención a los riesgos relacionados al mismo, así como a los riesgos de uso indebido de vehículos corporativos, ambos aspectos identificados en la evaluación nacional de riesgo. También recomendaron mayor capacitación al personal en temas de investigaciones y supervisión.
Por otra parte, es necesario intensificar el monitoreo de estos sectores por parte de la Intendencia de Sujetos No Financieros y se recomienda un mayor enfoque en investigaciones relacionadas con otros delitos predicados y sectores vulnerables identificados en la evaluación nacional de riesgo e instaron a que esta debe recibir mayores recursos, tanto humanos como tecnológicos, para ejercer un mayor nivel de monitoreo, previniendo y detectando posibles casos. Se debe fortalecer y capacitar a la Policía (especialmente la DIJ) para aumentar la efectividad de la identificación, incautación y confiscación de activos en el sistema penal acusatorio recientemente implementado.
Adicionalmente, se deben generar mecanismos o instrucciones en la Fiscalía Especializada para aplicar las reglas que permiten atribuir la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Además, la Intendencia, en colaboración con la Unidad de Análisis Financieros debería mejorar sus enfoques con los sectores no financieros para garantizar que completen su obligación de informar la actualización de datos de las instituciones (y estén registrados para enviar informes. Igualmente, el riesgo debe ser evaluado para definir medidas de control específicas para prevenir el mal uso de la figura de los accionistas y directores nominales, cuando estos servicios son prestados por abogados o firmas de abogados que operan en el país.
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